– Puedes contarle a los ciudadanos que te convierte en un valor agregado para Santa Ana?
Experiencia de vida. Como la persona de mayor edad que se postula este año, aporto más de 35 años de experiencia profesional en el gobierno, la industria privada y el sector sin fines de lucro. Me postulo para estar al servicio de la Ciudad de Santa Ana y sus ciudadanos para lograr el gobierno que todos merecemos. He dirigido una pequeña consultora durante los últimos 12 años, la cual se enfoca en soluciones para el sector público. Además, tengo una licenciatura en Ciencias Políticas de UCLA y una Maestría en Administración Pública de CSU Long Beach.
La mayor parte de mi experiencia está en consonancia con los problemas que enfrenta Santa Ana actualmente: dificultades fiscales, desconfianza ciudadana en nuestros líderes, procesos de políticas fracturados y la falta de transparencia en la forma en que la Ciudad conduce sus negocios. Soy un reformador del gobierno y traeré altos estándares de desempeño y responsabilidad a la oficina. Tengo una larga lista de logros distinguidos. Mi historial supera al de cualquier otro candidato.
– Cómo crees que la ciudad está abordando el problema de las personas sin hogar y cuál es tu propuesta para mejorar esta situación?
La Ciudad ha respondido al problema de la falta de vivienda. Han construido refugios y trabajan para garantizar que la población sin hogar tenga recursos. Mi enfoque en este problema actual es llevar el desarrollo laboral a la población. Muchas veces, la falta de vivienda es causada por problemas económicos que luego pueden crear un ciclo de vida destructivo. Forjaría alianzas sólidas con sindicatos, proveedores y contratistas de la ciudad, empleadores y programas de capacitación para brindar el apoyo continuo para colocar a las personas sin hogar en puestos de trabajo para generar mayor independencia. Desafortunadamente, esto no será suficiente.
La población sin hogar incluye a aquellos que sufren enfermedades mentales; por lo tanto, el Condado debe ser responsable de los servicios para estas personas vulnerables. Santa Ana ya no puede permitirse que el Condado traslade los gastos del fondo general de las personas sin hogar para satisfacer sus intereses políticos individuales. Los refugios e instalaciones no son solo una cuestión de ley para el condado, sino una necesidad moral. También debemos aplicar el mismo estándar ético a aquellas ciudades que no están dispuestas a participar en este problema regional, a pesar de que sus propios ciudadanos son parte del problema también.
– Cuál es su opinión sobre cómo la administración actual está manejando la crisis del Covid-19 y cuál es su perspectiva con respecto a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia?
Creo que la Ciudad ha hecho un trabajo eficaz en respuesta a la Crisis Covid-19. Para las pequeñas empresas y el público en general, propondría lo siguiente para permitir que la Ciudad continúe en su camino hacia la recuperación:
1 – Exigir que se usen máscaras en todos los espacios públicos interiores y siempre que sea posible el distanciamiento social, incluso al aire libre, 2 – Imponer multas por incumplimiento. Santa Ana es la zona cero para los casos de Covid 19 y esta es una amenaza para la salud pública que necesita un cumplimiento serio para superarla, 3 – Crear un portal de ciudadanos en el sitio web del Ayuntamiento para proporcionar información sobre la disponibilidad de pruebas, datos de casos y orientación de salud pública y otra información relevante, 4 – Establecer un portal comercial con el mismo propósito para proporcionar información sobre programas que podrían ayudar a las empresas en todos los niveles y proporcionar enlaces a otros recursos, 5 – Crear un Centro de recuperación empresarial integral para ayudar a las empresas con cualquier asistencia financiera programas u otra información que pueda estar disponible y para proporcionar recursos expertos para cualquier posible reclamo de interrupción comercial que una empresa pueda presentar en su política de propiedad y 6 – Crear un feriado de 2 días de “impuestos sobre las ventas” para alentar a los residentes y otros vecinos a venir a Santa Ana para ir de compras, cenar y volver a conectarse con la ciudad. La tasa solo sería menos el impuesto del 1,5% de Santa Ana.
– Cuál es su posición con respecto al movimiento que busca desfinanciar al Departamento de Policía?
Uno de mis tres temas principales en mi plataforma es el establecimiento de una comisión de supervisión policial y una revisión del presupuesto de la policía para mejorar el servicio policial general a las familias en Santa Ana y el Distrito 5. Actualmente, el presupuesto no informa claramente a la ciudadanía sobre a dónde va el dinero, su propósito y el valor para la comunidad. Con este fin, en la revisión del presupuesto de mitad de año, solicitaré al Jefe de Policía que prepare un presupuesto del programa para educar al público y a dónde va el dinero de los contribuyentes y con qué propósito general. Esto permitirá a todo el público, no solo a unos pocos, comprender las prioridades actuales y aportar información sobre la rentabilidad de los servicios policiales. Antes de obtener su respaldo, hablé de mis posiciones con la Asociación de Oficiales de Policía de Santa Ana. Tenía muy claro que me postulaba como un conservador fiscal y la policía, como cualquier otro presupuesto de la ciudad, enfrentaría el mismo nivel de atención. No habría un doble estándar para ningún programa o departamento. Tengo opiniones personales sobre la reasignación del presupuesto policial. Específicamente, propondría que se forme una unidad dedicada a los programas de policía comunitaria y que formemos una unidad para reducir los peligros de conducción peligrosos (es decir, exceso de velocidad, conducción en estado de ebriedad, etc.) que han provocado graves accidentes y muertes en nuestra comunidad. Este problema se ha prolongado durante algún tiempo sin una respuesta sostenida del Ayuntamiento. También es importante señalar que en el año fiscal 2020-2021 el presupuesto de la policía ahora constituye el 43% del fondo general. En el año fiscal 2011-12, el porcentaje fue de casi el 50%. El recuento de oficiales de policía del año fiscal 21 también ha bajado desde el año fiscal 12. Además, encontramos en otras 12 ciudades del Condado de Orange donde el porcentaje promedio de policías para el Fondo General es del 43%. Si agrega ciudades más pequeñas a esto, el porcentaje promedio aumenta.
– Una vez que se resuelva (o se encuentre bajo control) la crisis de Covid-19, la ciudad tendrá que atraer a más inversores. ¿Cuál es su posición con respecto a los desarrollos inmobiliarios, vivienda asequible y control de renta?
Santa Ana debe desafiar y revisar seriamente su proceso para proyectos de vivienda. Las tarifas deben basarse en la recuperación de costos reales y no en la financiación de trabajos en el ayuntamiento. Santa Ana tiene unos gastos generales elevados que aumentan sus permisos y tarifas de construcción. Esto no puede continuar. En segundo lugar, debe haber una mejor relación con la Comunidad de Desarrollo trabajando en proyectos desde el principio a través del establecimiento de concesiones y beneficios para la comunidad. Una vez que se llega a un acuerdo, se debe hacer todo lo posible para mantenerlo y evitar politizar el proyecto durante su ciclo. En tercer lugar, debemos encontrar mejores formas de financiar o incentivar a los desarrolladores para proyectos de vivienda asequible. También debemos mirar al sector sin fines de lucro para ayudar en este sentido. No existe una forma única de ofrecer viviendas asequibles, pero se requerirá trabajo, creatividad y voluntad política con certeza. Cuarto, en términos de control de alquiler, los inquilinos son una población sustancial y una base de votantes en el distrito 5. También soy inquilino y trabajaré para asegurar que las personas tengan un acceso justo a viviendas asequibles y sean tratadas de manera justa en la relación inquilino-propietario. Tenemos una ley estatal vigente AB1432 A partir del 1 de enero, California tiene control de alquileres en todo el estado. Por primera vez, el estado está imponiendo límites a los aumentos de alquiler. Ahora es ilegal que los propietarios de viviendas aumenten el alquiler en más del 5 por ciento, más la tasa de inflación local, en un año. También hay una propuesta en la boleta de este noviembre. Prefiero que nos mantengamos con la ley actual y veamos cómo afecta a la comunidad de inquilinos y luego determinemos si se necesitan correcciones. En este momento, también necesitamos estabilidad en nuestro mercado inmobiliario y, por lo tanto, debemos mantener la ley para el futuro inmediato.
